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Hace varios años el Noticiero CM& presenta todos los
lunes una sección que ha denominado “Los Elefantes Blancos”, es decir un
espacio donde se denuncian las obras inconclusas que, por corrupción y malas
administraciones, se inician, pero no se concluyen en este bendito país.
Acueductos veredales, escuelas, colegios, hospitales,
puentes, carreteras, sedes de entidades como el SENA en pleno Bogotá,
establecimientos carcelarios, parques, escenarios deportivos, reconstrucciones
ante catástrofes naturales, teleféricos, puntos de internet, entre otros
variados tipos de infraestructuras, hacen parte del variopinto inventario de obras
inconclusas documentadas y denunciadas por CM&.
Como simple ciudadano me parecería al menos de buen recibo que
por parte de la Auditoría General de la Nación, –de quien no conozco ni el
nombre de su actual cabeza, ni ninguna realización concreta de dicha
institución–, y asumiendo que las funciones que debe cumplir se asocian al de
su nombre, –cuya actividad es concreta en el sector privado–, y de la
Contraloría General de la República, pues como mínimo le hagan seguimiento y den
pronta respuesta a las denuncias que públicamente se hacen y ante las cuales
ninguno de los dos organismos anteriores ha hecho nada.
Hay que anotar que brilla por su ausencia este tipo de
respuesta.
Ante la creación del Ministerio de la igualdad, cuyo
propósito es loable :”Buscar eliminar las desigualdades políticas, económicas y
sociales”, pero cuyos verdaderos resultados son inciertos, pues no tiene
capacidad de ejecución sino de promoción y fomento de la igualdad y me imagino
que denunciar casos puntuales, me parece entonces pertinente crear el
Ministerio de las Obras Inconclusas para garantizar que las obras que esperan
ilusionadas las comunidades a lo largo y ancho de nuestro país, por decenios,
por fin se hagan realidad.
Personalmente considero que a las cabezas de los órganos de
control en cuyo período de actuación se incumplieron los contratos, así como a
los contratistas, contratantes e interventores, se les debería quitar la
Tarjeta Profesional e impedirles ser funcionarios públicos y contratar con el
Estado mínimo por 50 años inapelables. ¿O es que vamos a seguir alcahueteando
esta corruptela?
Yo cómplice por omisión si no quiero ser.
Pasando a otro tema, se anuncia por parte del Gobierno
Nacional que se reemplazará el actual sistema de estratificación socioeconómica
por otro tipo de indicadores.
Recordemos que la actual estratificación socioeconómica se
dio al amparo de la Ley 142 del año 1994 y se refiere a la clasificación de los
inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza
principalmente para cobrar de manera diferencial (por estratos) los servicios
públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones.
Sin saberse por qué, esta estratificación reemplazó las tradicionales
dimensiones vigentes hasta esa fecha: lumpen, clase baja, clase media y clase
alta.
Hoy por hoy, la pobreza y la riqueza extremas generan
nuevos horizontes en el recorrido del péndulo socioeconómico, donde la
injusticia, la pobreza y la iniquidad, muestran realidades que nos deberían al
menos hacer ruborizar como especie.
El coctel explosivo de crecimiento de la población y cambio
climático, ofrecen un panorama asustador, para quienes decimos tener un poco de
conciencia.
Hoy tenemos una clase sibarita pobre, una clase pobre
resignada, una clase media pudiente, una clase media endeudada hasta el
tuétano, una clase alta tacaña y una clase alta de bajo poder adquisitivo, esto
sin nombrar los estratos 7,8 y 9 en adelante y las estrafalarias fortunas
provenientes de la corrupción, el narcotráfico y otros delitos más sofisticados.
