Entre
el 5 y el 17 del corriente mes de abril, Naturgas celebró en Cartagena su
Congreso 2026 con la presencia de líderes del sector energético, donde se discutió
el papel del gas natural en la transición y seguridad energética de Colombia.
El evento destacó la urgente necesidad de fortalecer la infraestructura de
importación de gas natural licuado (GNL), así como la de agilizar el desarrollo
del proyecto costa afuera (offshore) Sirius.
Debido
a la caída en la producción nacional, para cubrir la demanda interna Colombia
ha incrementado sus importaciones de GNL las cuales en 2025 totalizaron cerca del
20 % del consumo nacional. Se estima que este porcentaje aumente al 25 %
o más hacia finales del presenta año y, de no mejorar la producción nacional,
podría llegar hasta el 56 % para 2029. Los precios del gas en 2025 para la
industria subieron un 69 % y un 23 % para los hogares. En un
escenario optimista se espera que el gas del proyecto Sirus sólo podría entrar
en operación comercial en 2030.
En
el seno del mismo Congreso de Naturgas, Noticias Caracol coordinó un encuentro
titulado "Colombia decide su energía", que contó con la
participación de cuatro candidatos presidenciales quienes analizaron el futuro
del gas natural y la transición energética en que está empeñado el país. Al
encuentro asistieron los candidatos Roy Barreras, Sergio Fajardo, Claudia López
y Paloma Valencia.
Entre
los temas tratados por los candidatos asistentes al referido encuentro,
quisiera destacar su coincidencia en impulsar la producción de gas natural
mediante la técnica del fracking (fracturamiento hidráulico en
yacimientos no convencionales, también conocidos como gas de esquisto). Los
candidatos asistentes, excepto la señora Valencia, estuvieron de acuerdo en que
el fracking en Colombia requiere investigaciones previas mediante los
llamados pozos piloto, en especial por el riesgo de contaminación de los acuíferos
durante la perforación y operación de los pozos productivos. Pareciera que el
Gobierno Petro, quien suspendió los pozos piloto, les temiera a los resultados
de la investigación por miedo a que indicaran que el fracking se puede
adelantar sin riesgo en un determinado campo potencialmente productor, y que la
candidata Velencia temiera que los mismos pozos indicaran lo contrario.
Aunque
en Colombia no existe una ley en firme que prohíba definitivamente el fracking,
el Senado de la República ha aprobado proyectos de ley "antifracking"
(como el Proyecto de Ley 114 de 2022), iniciativas que han enfrentado
dificultades para completar su trámite en la Cámara de Representantes. En 2025
el Gobierno actual radicó nuevos proyectos con mensaje de urgencia, para buscar
la prohibición del fracking, sin que todavía haya logrado su propósito. Mientras
el Gobierno Petro busca prohibir el fracking en Colombia, Ecopetrol,
nuestra estatal petrolera, depende cada vez más de la operación mediante fracking en la cuenca del Permian, en Texas (Estados Unidos).
En
mi opinión persiste el riesgo de que durante lo que queda del actual o en el
próximo gobierno se imponga el antifracking, razón por la cual es oportuno
seguir profundizando sobre este importante asunto, clave para una transición
energética sustentable en nuestro país.
Con
este propósito, por ahora me apoyaré en un estudio de La Universidad Nacional
de Colombia (Unal), comentado por el autor de estas líneas en una columna publicada
el 21 de agosto de 2022 en el blog Juanpaz, titulado Fracking, una visión desde la academia[1].
Desde
mediados del siglo pasado la industria petrolera ha utilizado la técnica del
fracturamiento hidráulico para la explotación de yacimientos convencionales de
petróleo. Con el propósito de aumentar sus reservas, desde hace unas dos
décadas varios países empezaron a explotar yacimientos no convencionales de gas
y petróleo (YNC) mediante fracking. Estados Unidos es el país que más ha
utilizado esta técnica, lo que le ha permitido no sólo superar la dependencia
de petróleo importado, sino llegar a ser el mayor exportador mundial de hidrocarburos
(petróleo crudo y gas).
El
desbordado afán de algunos países por lograr la autosuficiencia energética, en
sus comienzos condujo a la masificación del fracking, sin una suficiente
previa evaluación de los riesgos que esta práctica conlleva para el entorno
natural y las comunidades. Esta situación se presentó principalmente en Estados
Unidos, donde el subsuelo es propiedad privada, lo que facilitó a muchos
pequeños propietarios del suelo participar en el negocio, con poco control por
parte de las autoridades ambientales. Esta eventualidad no debería llegar a
darse en Colombia, donde la propiedad del subsuelo es del Estado y donde, para
la implementación de esta técnica se ha venido trabajando en una reglamentación
con altos estándares, la cual es susceptible de ser mejorada.
El
debate sobre la conveniencia o inconveniencias del fracking en el mundo
se centra en las eventuales afectaciones a los ecosistemas y entornos
socioeconómicos, relacionados con: recursos hídricos, calentamiento global,
ocupación del territorio, salud humana y transición energética. Por ahora, me
limitaré a las afectaciones a las aguas, tanto superficiales como subterráneas,
el recurso que origina el conflicto más sensible con las comunidades.
Entre
las afectaciones que el fracking puede generar a las aguas, se
consideran: la sobre explotación del recurso (el fracking demanda gran
cantidad de agua), así como la contaminación de los acuíferos y de las aguas
superficiales con los químicos, que requiere la explotación del hidrocarburo.
De
acuerdo con experiencias internacionales, es evidente que, aunque los riesgos
asociados al fracking y a sus actividades conexas se pueden presentar en
cualquier proyecto de este tipo, independientemente de la zona geográfica donde
esté localizado, la valoración de tales riesgos se debe hacer para cada caso,
teniendo en cuenta las particularidades de los territorios involucrados. En
otras palabras, el fracking no se debe considerar como una técnica
inmutable que inexorablemente causará los mismos impactos, independiente del
territorio donde se lleve a cabo y
de la escala de intervención que se considere. De ahí la necesidad de los pozos
piloto.
El
primer proyecto piloto de fracking en Colombia autorizado por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos a Ecopetrol, denominado Proyecto de Investigación
Kale, se localiza en las vecindades de Puerto Wilches, en un entorno geológico
e hidrogeológico bien conocido por parte de petrolera nacional, donde se han
perforado números pozos para la exploración y explotación de petróleo
convencional, lo que significa experiencia en el manejo de los impactos a los
recursos hídricos. El Proyecto Kale, hay que recalcarlo, es un experimento, que
sólo busca conocer si existe gas atrapado en la Formación La Luna, la roca
generadora del petróleo en el Magdalena Medio y si es posible extraerlo
económicamente sin mayores afectaciones a los recursos hídricos y bióticos del
territorio. Prohibir el proyecto piloto Kale equivale, ni más ni menos, a
condenar la investigación en Colombia y, sobre todo a rechazar la posibilidad
de llegar a alcanzar la soberanía nacional de gas natural, el energético
esencial para la transición hacia las energías renovables no convencionales, en
que está empeñado el Gobierno nacional.
La
explotación de gas de YNC mediante la técnica del fracking, desde el
punto de vista económico, presupuestal y social es beneficiosa para los
intereses del país, pues se trata del aprovechamiento del gran potencial
geológico representado en gruesos paquetes de rocas sedimentarias, hasta hace
poco tiempo, sólo considerados como rocas generadoras de petróleo crudo. Como
lo anoté atrás, la zona de Puerto Wilches es ideal para empezar a materializar
el ambicioso proyecto.
La situación del gas natural en Colombia, como ya lo anoté, acusa un déficit estructural y creciente dependencia de importaciones, con una caída significativa de la producción nacional y de las reservas, lo que ha disparado los precios y agudizado la vulnerabilidad energética del país. Desde finales de 2024, el país dejó de ser autosuficiente en la oferta de gas natural, obligando a importar, afectando hogares, industria y transporte, con proyecciones que advierten sobre una crisis más profunda si no se invierte urgentemente en nuevos proyectos exploratorios y de infraestructura de transporte. La logística de la importación del gas sumada a la guerra de Irán aumenta la presión sobre su precio, es así como el combustible faltante que, por ahora, solo llega a Cartagena genera un sobrecosto del 40 % que impacta la tarifa del gas natural vehicular, el que usa la industria y el que consumen los hogares. De darse un nuevo fenómeno Niño a finales del corriente año, este sobrecosto tendrá que asumirlo la generación termoeléctrica, lo que aceleraría la inflación y el crecimiento económico del país. A lo que hay que agregar que, sin gas natural suficiente para atender las demandas de combustible, volveríamos al carbón y a la leña, lo que retrasaría la transición energética y aumentaría los riesgos climáticos en nuestro país.
[1] https://www.chrdivulgar.org/2022/Agosto/22/juanpaz-net-fracking-una-vision-desde-la-academia.pdf
