Luis Alfonso García Carmona
Con ocasión de las
escandalosas irregularidades que se han divulgado sobre el funcionamiento de la
Justicia Especial para la Paz, han saltado los defensores de oficio del
espurio acuerdo de La Habana (vale decir, el farcsantismo y sus secuaces), a
reiterar que el fatídico acuerdo es inmodificable puesto que hace parte del “bloque
de constitucionalidad” y requiere acudir previamente ante los organismos
internacionales para obtener su permiso para cualquier cambio en su contenido.
Nada más alejado de la
realidad jurídica, por las razones que, en apretada síntesis, quiero exponer:
1. El acuerdo de marras
nunca nació a la vida jurídica, pues no cumplió con uno de los
requisitos sine qua non exigidos para su existencia, la aprobación del
pueblo soberano en el plebiscito convocado para decidir sobre su aprobación o
rechazo. Al respecto, dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-379 de
2016: “…en caso de que el plebiscito sea aprobado, el efecto es la
activación de los diferentes mecanismos de implementación del Acuerdo Final. En
cambio, si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral
aprobatorio, o cumpliéndose, los ciudadanos votan mayoritariamente por el “no”,
el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final,
comprendido como una política pública específica”. De conformidad con la
Registraduría Nacional el acuerdo fue rechazado, ya que el voto por el “no”
obtuvo el 50.21 % de la votación. No se cumplió, en consecuencia, con el
requisito de la aprobación popular.
2. Desconocimiento de
la decisión del pueblo soberano. La voluntad del pueblo soberano
expresada en el plebiscito fue olímpicamente desconocida, presentando el
acuerdo al Congreso para que, a través de una simple proposición, se le
concediera al acuerdo la aprobación que le había negado el pueblo, en abierta
contradicción con el artículo 3º. de nuestra constitución que reza: “La
soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público.”
No está dentro de las atribuciones del Congreso aprobar una proposición de
este tipo, según se observa en los artículos 135 y 150 de la Constitución.
Pretendió justificar la Corte Constitucional este desafuero, con la siguiente
explicación: “Según lo anterior, puede haber refrendación popular con
participación previa, caso en el cual se le reconoce al pueblo poder para
ordenar la readecuación de lo específicamente sometido a su consideración,
aunque tras la expresión ciudadana es legítimo que el proceso continúe y
concluya en virtud de las competencias de una o más autoridades instituidas que
le pongan fin”. En otras palabras, actuó la Corte Constitucional como si
fuera ella misma el poder constituyente, al establecer una nueva forma de
modificar la Carta, mediante el expediente de convocar un plebiscito y luego
modificar lo aprobado por el pueblo soberano a través de una simple proposición
en el Congreso con poder para reversar lo aprobado por el pueblo soberano.
3. En el caso de que la
aprobación hubiese sido legítima, no hace parte del “bloque de
constitucionalidad”. En el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de
2016 se consignaba que el Acuerdo Final, una vez firmado, ingresaría al bloque
constitucional y sería considerado como un Acuerdo Especial en los
términos de los convenios de Ginebra. Esta disposición fue derogada mediante el
Acto Legislativo 2 de 2017, que agrega en uno de sus apartes :”En desarrollo
del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de
noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional
humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y
aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de
interpretación y referente de desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las
disposiciones constitucionales”. Como es obvio, las normas de derecho
humanitario y los derechos fundamentales son y seguirán siendo parámetros
obligatorios de interpretación, sin que por ello deba considerarse al Acuerdo
como parte del “bloque constitucional”. Así lo entendió el constituyente
al derogar la citada norma del Acto Legislativo 1 de 2017.Según reiterada
jurisprudencia de la Corte, el bloque de constitucionalidad está compuesto por:
a. El preámbulo de la
Constitución.
b. La Constitución.
c. Los tratados
limítrofes de derecho internacional ratificados por Colombia.
d. La ley estatutaria
que regula los estados de excepción.
e. Los tratados de
Derecho Internacional Humanitario.
f. Los tratados de
derecho internacional que reconozcan derechos intangibles.
g. Los artículos de
derecho internacional de derechos humanos ratificados por Colombia, cuando se
trate de derechos reconocidos por la Carta.
h. La doctrina
elaborada por los tribunales internacionales u órganos de control de los
tratados de derechos humanos, en relación con esas normas internacionales, en
los casos determinados específicamente.
No tiene cabida en esta
taxativa enumeración el acuerdo suscrito entre el gobierno y un grupo ilegal
armado.
Queda claro que no debemos acudir a ningún órgano externo para resolver nuestro
propio conflicto.
¿Quiere la mayoría
de los ciudadanos que continúen indefinidamente las fatales consecuencias de
este monumental robo a la voluntad popular?
Esta es la verdadera
cuestión que ahora debemos plantearnos. ¿Estamos la mayoría de los colombianos
de acuerdo con continuar avasallados por las infames normas impartidas por un
grupo de bandidos en contubernio con los politiqueros de turno?
¿No es ya hora de
acabar con la impunidad de la JEP, el imperio de la droga, los derroches del
acuerdo de paz, los obstáculos a las fuerzas del orden, los privilegios para
los usufructuarios del Acuerdo, el olvido de las víctimas?
Lo urgente es ponerle
fin a ese remedo de tribunal de la JEP y estudiar la estrategia para devolver a
la democracia colombiana el robo del plebiscito mediante la anulación del
espurio acuerdo.
